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CORRUPCION Y
MALTRATO PUBLICO
Areas que pierden independencia en sus decisiones
Cuando el ciudadano no puede por sus propios medios resolver el conflicto, o es arrastrado a la resolución pública, aún en ese punto puede "manejar su defensa" disgregando la relación huevo-gallina. Expongo el concepto del huevo-gallina porque el no saber dónde se está parado, ni en que lado del conflicto el ciudadano está, ni cómo manejar las relaciones prostituídas con las que se encuentra y lo presionan es un factor de enorme importancia "estratégica" que va a afectar los resultados definitivos de la contienda. Este nexo huevo-gallina debe diluirse porque sino el barullo de la indecisión se hace carne en el ciudadano y así está total y absolutamente expuesto a la rapiña y al descuartizamiento de todo lo que tiene (estos términos tomados Ejemplo las causas iniciadas en lo Correccional y Criminal para el año 1990 son de 142.762 y 238.502 respectivamente lo que suma 381.264 casos penales denunciados. Para el año 1991 son 140.912 y 226.600 respectivamente lo que suman 367.512 casos. Si consideramos que ésos son el 10% o máximo el 20% de todos los delitos sufridos la "catástrofe socio-institucional" queda TOTALMENTE EXPUESTA y la ineficiencia, ineficacia y alevosía de todo el aparato judicial queda total y absolutamente justificada.
Para aclarar un poco más el panorama de la efectividad y del rendimiento del Poder Judicial en lo Criminal y Correccional sobre esas 367.512 causas iniciadas hubo, de 130 jueces, 11.267 sentencias que vienen de causas que YA tienen dentro de los tribunales un promedio de entre 5 a 7 años de "estar dando vueltas por allí". Sobre 11.267 sentencias la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional recibe en el mismo año 6.680 apelaciones de sentencias, y un dato más para reflejar la efectividad del Quiste de la Corrupción es que del universo de "encausados" y "procesados" el 75 al 90% está sin sentencia firme y definitiva.
Resultados: de cada 1.000 delitos el Poder Judicial No tiene nada que ver en 900 porque los argentinos no confiamos en "la justicia".
De cada 100 pedidos de justicia por delitos sufridos resuelve en 4 casos después de 5 a 7 años.
El acumulado ponderado de los últimos 20 años de trabajo del Poder Judicial de la Prov. de Bs.As., los números se repiten para toda la justicia nacional y provinciales, es que quedaron "en el tintero y sin resolver" 2.400.000 casos con solo 97.594 resoluciones sobre 2.500.000 pedidos de justicia dándonos un 3,90% de efectividad, algo total y absolutamente descabellado y fuera de toda proporción.
Volviendo al tema en cuestión, el ciudadano se debe defender, una vez que perdió el dominio total de sus propias decisiones en el conflicto, en el campo compartido, con "sujetos que van a tomar las decisiones por él o por ella", el juez, el camarista, el fiscal, el ministro de la corte, los abogados, etc. y lo primero que debe hacer es nuevamente "encasillar" el conflicto, pero ahora fuera de su propio marco de control.
Estratégicamente el ciudadano que fue por sí o por otro a solicitar "justicia pública" y está irremediablemente metido en el "fango judicial" está en desigualdad de condiciones respeto a los sujetos que se mueven dentro del Mercado del Conflicto y del Gobierno de los Jueces (para hacerlo extensivo a las relaciones reales de poder y no tan solo económico-financieras).
Y así, definir qué tipo de conflicto se le va a presentar, en las sucesivas etapas es de primordial importancia: el ciudadano debe aprender a ver, sensar y manejar "el conflicto de poderes" que existe entre sus agresores, y debe confrontarlos en cuanta ocasión tenga, sin perder oportunidad y aún, generando nuevas y originales situaciones para confrontarlos;
el ciudadano debe aprender a ver, sensar y manejar "el conflicto de relaciones" que existe entre los participantes del aparato institucional que lo está agrediendo, así por ejemplo las relaciones que existen entre jueces y abogados, o el análisis de las personalidades de abogados y abogadas son elementos muy importantes para superar los malos trances en los que lo van a meter;
el ciudadano debe, desde el primer momento, saber calibrar y estratificar "el conflicto de intereses de todo tipo" que cada una de las partes (y como partes se incorporan fundamentalmente a los abogados, a los jueces, peritos, etc. y no tan solo a los ciudadanos confrontados), ya que saber "la medida justa" de la necesidad financiera, de la codicia, de la franela del "status", etc. que cada abogado o juez necesitan da una ventaja táctica progresiva y acumulativa muy importante para que el ciudadano gane la batalla.
Y por último todo tipo de exteriorización que el ciudadano en su defensa pueda visualizar y manejar hacen al éxito que éste puede tener dentro del marco judicial en el que está.
Debo aclarar que estos manejos son "para el ciudadano del llano y su defensa", conceptos que aunque sirven para abogados y defensores profesionales, son responsabilidad exclusiva del ciudadano en conflicto de calibrar y manejar.
En la actual crisis judicial nacional, el cálculo que un ciudadano debe hacer respecto a la confianza y fiabilidad de encontrar un abogado que "honestamente" lo lleve a buen término a través del procedimiento jurídico-legal, salvando todos los escollos extorsivos judiciales de todo tipo, salvando todos los manejos tendenciosos, etc. podrían cuantificarse en un 0,5% de abogado sobre el 100%, es un porcentaje dado por muchos de los profesionales mismos del derecho y es la sensación real del ciudadano argentino que ya pasó por la experiencia de la "justicia". Por supuesto muchos profesionales me pueden cuestionar los datos y echar culpas para otros lados a los propios, pero la "responsabilidad profesional" por la desintegración de la confianza pública en las profesiones del derecho en nuestro país y de nuestro pueblo tiene un solo y único origen: la actitud y conducta de sus mismos profesionales, dentro y fuera del Poder Judicial, para manejar extorsiva y alevosamente el conflicto entre dos o más ciudadanos argentinos.